Las empresas se enfrentan en este 2025 a importantes retos en materia laboral. La reducción de la jornada laboral máxima, el registro horario digital, el desarrollo del derecho a la desconexión digital o los planes de igualdad LGTBI son algunos ejemplos de las obligaciones laborales a las que las compañías deberán prestar especial atención este año. Algunas de ellas ya han sido aprobadas por ley o establecidas por sentencias del Tribunal Supremo, y otras solo se han anunciado, por lo que los términos exactos en los que se regularán aún están por definirse.
Una de las obligaciones laborales de las empresas ineludible año tras año es la cotización y el abono de las cuotas de la Seguridad Social. Unos costes que como señala Albert Toledo, director en el área laboral de Ceca Magán Abogados, se encarecen este 2025. “Se actualiza el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, suben las bases máximas de cotización y se incorpora la cotización de solidaridad por tramos para los ingresos que excedan la base máxima anual de cotización”, detalla el abogado.
El último trimestre de 2024 ha sido muy activo en cuanto a novedades laborales tanto en el terreno legislativo como jurisprudencial. Y es, como advierte Tomás Gómez, socio de Abdón Pedrajas Little, a menudo las sentencias que se dictan no solo en nuestro país sino también en el ámbito europeo son tan importantes como la actividad legislativa. Así, la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 18 de noviembre estableció la obligación de dar audiencia previa al trabajador antes de llevar a cabo un despido disciplinario.
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De los nuevos derechos laborales, aprobados recientemente, Mireia Sabaté, socia responsable de laboral de Baker McKenzie, destaca que el 4 de diciembre de 2024 entró en vigor la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que extiende la garantía de indemnidad a los cónyuges, parejas de hecho y parientes hasta el segundo grado que trabajen en la misma empresa que el trabajador que haya ejercitado su derecho a la defensa.
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Por su parte, Tomás Gómez remarca que antes del 10 de enero de 2025 las empresas con más de 50 empleados deben haber negociado un conjunto planificado de medidas y recursos para lograr la igualdad real y efectiva para las personas LGTBI. De manera que las compañías en las que no se llegue a un acuerdo en este plazo deberán aplicar las medidas establecidas en el real decreto que desarrolla esta obligación.
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En materia de tiempo de trabajo, la reducción de la jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales con mantenimiento del salario es de las medidas que, según Mireia Sabaté, más impacto para las empresas a nivel de coste y de organización interna.
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Unido a la reducción de la jornada legal máxima, el Ministerio de Trabajo ha anunciado su intención de establecer un registro horario digital al que podrían acceder la Inspección de Trabajo, los trabajadores y sus representantes legales de manera remota y en cualquier momento.
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Las sanciones a las que se enfrentan las empresas por el incumplimiento de las obligaciones laborales son principalmente monetarias, aunque no son las únicas. Mireia Sabaté precisa que a las multas también se pueden añadir otras sanciones, como la pérdida temporal de ayudas, bonificaciones y beneficios públicos, o la prohibición de contratar con la Administración pública.